La ejecución de acciones sociales modernas debe distinguir entre la función de rectoría y la ejecución de programas específicos. Nadie debe ser único evaluador de su propio trabajo. Al gobierno le corresponde fijar objetivos, definir estrategias, asignar recursos según una lógica de condicionalidades y evaluar impactos, como base de acciones correctivas y de mejora. La ejecución de programas concretos debe realizarse en coordinación con los gobiernos departamentales, los municipios y la sociedad civil. Nuestra guía será el principio de subsidiariedad, que implica que la intervención pública se vuelve más sensible y eficiente cuando es realizada por el actor más cercano a los interesados. Esto implica un fuerte compromiso con la descentralización, la delegación, el asociacionismo entre actores públicos (por ejemplo, entre municipios) y la cooperación con organizaciones voluntarias.
La descentralización de las políticas y la gestión local constituyen un principio básico de nuestro enfoque político. Es necesario confiar en lugar de sospechar y monopolizar, sustituyendo el modelo burocrático por un nuevo modelo de gestión que denominamos de proximidad.